Este 11 de abril del 2022, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, firmó convenios de colaboración técnica para la implementación del fondo verde del clima con nueve provincias más.
Se suman: La Pampa, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tierra Del Fuego, Mendoza, Salta, San Juan y Jujuy.
Por Karen Arias
El objetivo perseguido es operativizar el programa de trabajo en territorio, luego de la Resolución 480/21 del COFEMA, en la que se acordó la distribución geográfica de proyectos de manejo forestal sostenible a nivel de cuencas, planes integrales comunitarios, manejo de bosques con ganadería integrada y planes de prevención de incendios forestales que se implementarán a través de este financiamiento en las distintas jurisdicciones.
El fondo verde del clima es un recurso global creado para apoyar esfuerzos de países en desarrollo para responder al desafío del cambio climático.
La organización ayuda los países en desarrollo a limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. Busca promover un cambio de paradigma hacia un desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima, teniendo en cuenta las necesidades de las naciones, que son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático.
Días atrás, la firma de convenios se llevó a cabo con otras 10 provincias con la misma finalidad:
Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y San Luis, por lo que el total asciende a 19.
En 2021 se deforestaron 110mil hectáreas en el norte argentino. Se perdieron el equivalente de 12 canchas de futbol por hora. Más del 80% de estas perdidas fueron ilegalmente.
Desde 2007, existe en nuestro país una ley que protege a nuestros bosques nativos. La Ley N° 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” lleva 11 años vigente, ya que comenzó a implementarse en 2009.
Esta Ley consiste en establecer umbrales de protección ambiental para la conservación y el manejo productivo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad, enfatizando en que estos beneficios fomenten el arraigo y desarrollo de las comunidades rurales campesinas y aborígenes que habitan el bosque nativo.
Si bien esta ley protege a la mayoría de los bosques nativos todavía es una problemática en estado de emergencia. Según explica Hernán Giardini, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace «Las multas ya no son una herramienta que sirva. Si son altas, las judicializan y si son bajas las pagan y siguen desmontando. Nunca reforestan. Es necesario que la deforestación sea catalogada como delito».
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015, cuando se perdieron 7,6 millones de hectáreas.
Y entre 1998 y 2020 se perdieron cerca de 7 millones de hectáreas, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un reporte de Greenpeace en Santiago del Estero “fue ilegal ya que se realizó en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no se permiten desmontes”, según la ley de bosques sancionada en 2007.
“Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclama que en forma urgente se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales”, explica Greenpeace en el reporte.
Se aguarda una acción, que conlleve una solución efectiva por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.